El consultor Edgarco Buscaglia, investigador en las áreas de corrupción y delincuencia organizada, expuso ante una docena de periodistas de varios países sobre los 23 delitos que constituyen delincuencia organizada, según la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo.

Estos delitos son el resultado de una compilación de los crímenes que figuran comúnmente en las legislaciones de distintos países del mundo.

En la segunda jornada del seminario que imparte Buscaglia como parte del Foro Centroamericano de Periodismo 2013, que organiza El Faro, Buscaglia reiteró la idea de que la participación de los grupos de delincuencia organizada en muchos casos constituye una opción de autoridad ante las fallas e irresponsabilidades de los Estados. “Entre más diversificados están en los delitos que cometen estos grupos de delincuencia organizada, necesitan más tejido social como recurso humano, tierras, apoyo logístico, entre otros”, dijo.

Pero lo que para Buscaglia es más importante es que una vez que uno de estos grupos de delincuencia ha tomado las riendas de cierto grupo de una sociedad, ya sea gracias a su participación en la resolución de conflictos o con el aporte de servicios que el Estado no brinda como salud, educación, seguridad o justicia, estas organizaciones no se divorcian nunca de esas familias. “Queda una relación impuesta sobre ellas”.

Para explicar la relación de la delincuencia organizada con las altas esferas de la sociedad, Buscaglia utilizó uno de los conceptos que se esgrimen en el Reporte de la Comisión Antimafia de Italia de 1993: “La clase política y la delincuencia organizada intercambian menores niveles de violencia por un mayor control de los mercados ilícitos y protección. La delincuencia organizada compra consenso político para protegerse contra las investigaciones judiciales, fomenta el control de contrataciones públicas”.

Según este académico uruguayo, la forma más efectiva que tienen los Estados para combatir y restarle poder a la delincuencia organizada es poniendo límites alrededor de ella. Uno de estos límites es la ley de extinción de dominio, que permite despojar de los bienes ilícitos al crimen organizado. “El Salvador necesita oficinas de extinción de dominio en todo el país, ejércitos de auditores tributarios en todo el país que desmantelen activos físicos, no solo los financieros. Esa es la economía real de estos grupos", dijo.

En El Salvador no existe Ley de extinción de dominio, aunque la Asamblea Legislativa estudia un proyecto de ley.